LA HABANA.-Solo tres años después de que el Consejo de Ministros aprobara el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, el 25 de abril de 2017, su aplicación paulatina comenzó a evidenciar la necesidad de contrarrestar los daños que pudieran ocasionar en Cuba las modificaciones climáticas en los próximos años.
A menos de tres meses de su reconocimiento se dio el primer paso para la comprensión de su alcance y jerarquía, cuando el 14 de julio de ese mismo año, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, recibieran una amplia información sobre la también llamada Tarea Vida.
Sus antecedentes son las investigaciones iniciadas en 1991 por la Academia de Ciencias de Cuba y que se intensificaron a partir de noviembre de 2004, tras los daños de los huracanes Charley e Iván en el occidente del país.
Desde entonces comenzaron los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de desastres, en tanto en 2007 empezó la conformación del Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeros para los años 2050-2100.
Bajo la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, participaron representantes de 16 instituciones de cinco organismos de la Administración Central del Estado, en febrero de 2011 le dio el visto bueno el Consejo de Ministros y más tarde se pasó a su actualización.
Un hecho revelador de la magnitud de la Tarea Vida es que su implementación requiere de un programa de inversiones progresivas a corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazos.
De modo que identifica áreas priorizadas, a partir de la preservación de la vida de las personas en los lugares más vulnerables, su seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo, con acciones dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables.
Una de ellas es la de no permitir construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros, además de reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o dañadas por la intrusión marina, o agua salada tierra adentro, a los acuíferos subterráneos.
Contiene 11 tareas y la primera está relacionada con la necesidad de identificar y acometer acciones y proyectos de adaptación de características integrales y progresivas a fin de disminuir la vulnerabilidad en 15 zonas prioritarias.
En la lista figuran, sin ser inamovibles, el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral norte de La Habana y su bahía; la Zona Especial de Desarrollo de Mariel; Varadero y sus corredores turísticos.
Además, los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávila y Camagüey; el litoral norte de Holguín; la ciudad de Santiago de Cuba y su bahía; así como también los territorios amenazados por la elevación del nivel medio del mar en Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.
El cambio climático es atribuido a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a su variabilidad natural durante períodos de por lo menos 30 años, por lo cual sus estrategias principales de enfrentamiento son la mitigación y la adaptación.
En consecuencia, el clima de la Isla es cada vez más cálido y extremo, como lo demuestra el hecho de que desde 2001 hasta hace poco la azotaron nueve huracanes intensos, algo sin precedentes en la historia, según expertos en la materia.
Su régimen de lluvias se ha modificado e incrementado desde 1960 la frecuencia y extensión de las sequías, mientras se estima que el nivel del mar ha subido de forma acelerada en los últimos años.
Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos representan el mayor peligro por los daños que ocasionan sobre el patrimonio natural y el construido.