El incremento indiscriminado en las últimas semanas del precio minorista especialmente del aceite vegetal, así como del huevo, la leche en polvo, el azúcar y la salchicha, por citar algunos de los productos más demandados, ha generado en la población cubana la lógica irritación.

Por suerte algunos gobiernos locales han reaccionado con prontitud, y ojalá llegue a suceder así y cuanto antes en el resto del país, pues tal reclamo popular no solo ha inundado las redes sociales, sino que ocupa hoy gran parte de las conversaciones o comentarios en la calle, en las colas, en los hogares y centros laborales.

Medios informativos han divulgado las medidas o disposiciones adoptadas por los Consejos de la Administración de municipios de Santiago de Cuba, Guantánamo, Villa Clara y de la capital, entre otros.

En sentido general a los infractores se les aplican severas sanciones contempladas en el Decreto Ley 91 de 2024 y en el Decreto 30 de 2021, las cuales abarcan la imposición de multas, el decomiso de mercancías, la venta forzosa de productos, así como la suspensión temporal, la cancelación definitiva de los permisos para ejercer el trabajo por cuenta propia o la actividad comercial, sumado a la clausura total y parcial de las instalaciones.

Pero al parecer con cierta impunidad e irrespeto a las autoridades, y a la población, algunos dueños de negocios sancionados esconden la mercancía y otros, en el peor de los casos, vuelven a sacarla a la venta y a precios más elevados. Basta recorrer calles o comunidades para percatarse de tal desafío a las instituciones del Estado.

Y aunque muchos compatriotas piden topar las tarifas del aceite y otros alimentos imprescindibles, que particularmente ofertan las Mipymes y demás actores económicos no estatales, la solución no puede ser solo esa.

Sin dejar de reconocer cuánto ayudan hoy día las formas de gestión no estatales a garantizar casi a diario el plato de comida en la mesa del cubano, que por las razones conocidas el Estado no puede asumir, las actuaciones de los inspectores y demás instituciones, allí donde ya se hacen sentir, se centran no solo ya en el combate a los precios abusivos y especulativos, con el propósito de proteger los ingresos de la población frente al fenómeno inflacionario.

Porque también se han detectado, violaciones, por ejemplo, de la resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior, que establece que todos los establecimientos deben tener las facilidades de pago por las pasarelas nacionales, para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.

En tal sentido se imponen multas por no emplearse los canales de pagos electrónicos establecidos, es decir, por no aceptarse las transferencias, y por no utilizar la cuenta bancaria fiscal para realizar operaciones de pagos y cobros y recurrirse a la tarjeta personal.

Según datos preliminares hay lugares donde además, se han detectado empleados que ejercen la actividad sin ser contratados, y a actores económicos que no emplean la cuenta fiscal destinada a operaciones de cobros y pagos.

Pero tras estas ilegalidades, indisciplinas e incumplimientos de las leyes se deben valorar las causas de los aumentos especulativos de precios como el del aceite, entre las cuales están los altos costos de importación, el impacto de la crisis energética y la propia liberación de los precios.

Lo cierto es que la oferta estatal es insuficiente y las mipymes ocupan un lugar casi monopólico en su comercialización.

Como coinciden en afirmar varios economistas, en un contexto de escasez en que hay una oferta limitada, una demanda creciente y una mayor masa monetaria en circulación, la lógica del mercado conduce a más inflación.

Las mipymes, al igual que las restantes formas de gestión, no trabajan por amor al arte; buscan la máxima ganancia y, si logran una posición monopólica, la aprovechan.

Pero en las condiciones tan complejas y duras que enfrenta el país hay que evitar y prever que sobre la población no graviten mayores dificultades ni carencias, a sabiendas que el imperio continuará reforzando y ampliando su política de asfixia contra Cuba y su gente.