Lo que comenzó hace dos siglos como un audaz desafío a las monarquías europeas terminó convirtiéndose en el eje de la discordia entre Estados Unidos y América Latina.

La frase "América para los americanos" que, en diciembre pasado cumplió 200 años de vigencia retórica, se mantiene como una de las políticas exteriores más influyentes y polémicas de la historia moderna.

En su alocución, el mandatario James Monroe aseveró que cualquier intento de intervención del Viejo Continente en el territorio americano sería interpretado como "manifestación de una disposición poco amistosa hacia EE.UU.". Al proclamar estos principios, Washington se erigía, al menos en el papel, como el protector de las jóvenes democracias del sur.

Sin embargo, la historia demuestra que resultó una moneda de dos caras, mientras la Casa Blanca sostenía que su intención era salvaguardar la libertad continental. El verdadero objetivo era asegurar un área de influencia exclusiva para los intereses económicos y territoriales de La Unión.

El profesor Alex Bryne, especialista en historia estadounidense, explica que el significado de esta doctrina no ha sido estático.

Bryne puntualiza que "las discrepancias varían dependiendo de cómo individuos específicos han interpretado la doctrina en los últimos 200 años", lo que ha permitido que se use tanto para justificar el aislamiento como para validar el intervencionismo.

La Doctrina Monroe no puede aplicarse ahora como en el pasado: el mensaje original de Monroe fue claramente contra el colonialismo, un contexto que no se ajusta a la realidad actual, opina el experto citado.

En general, ha perdido sentido, siendo un concepto vacío al que se le han otorgado demasiadas interpretaciones a lo largo del tiempo

A principios del siglo XX, la doctrina sufrió una mutación agresiva, el presidente Theodore Roosevelt anunció lo que se conocería como el "Corolario Roosevelt", en el cual justificó que Estados Unidos tenía el derecho de ejercer un "poder de policía internacional" en casos de "flagrante mala conducta" de los países latinoamericanos.

Desde ese momento, la retórica de protección derivó política de intervención directa. Durante décadas, la Casa Blanca ratificó su derecho a interferir en los asuntos internos de naciones soberanas, lo que evidenció una realidad ineludible: América Latina había pasado de ser una aliada estratégica a ser considerada el "patio trasero" de la potencia del norte.

En el caso venezolano, la doctrina se manifiesta en las presiones políticas, económicas y diplomáticas ejercidas por Washington. Líderes estadounidenses han invocado explícitamente la norma para justificar acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La doctrina resulta ilegal y contraria al derecho internacional, porque desconoce principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en asuntos internos.

Ejemplos claros se observan cuando el territorio norteño la invoca para justificar sanciones unilaterales contra Venezuela sin autorización del Consejo de Seguridad, lo cual viola el principio de multilateralidad.

También se manifiesta en intentos de imponer gobiernos de transición o condicionar la política económica de un país soberano, acciones que contravienen el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Del mismo modo, al declarar a América como “esfera exclusiva de influencia”, la doctrina niega la libertad de los Estados latinoamericanos de establecer relaciones con otras potencias, lo que constituye una forma de neocolonialismo incompatible con el derecho internacional contemporáneo.