CAMAGÜEY.- Transcurre octubre y hasta el mes de noviembre se realizan en centros laborales las asambleas de afiliados de los sindicatos así como las de otras instituciones de la sociedad civil cubana, para proponer a los precandidatos a integrar la legión de jueces legos que, en unión de los profesionales del sector, serán encargados de impartir justicia en los próximos cinco años.

Cubierta esta etapa inicial se conforma un expediente a partir de requisitos tales como gozar de un buen concepto público, no ser titulado en Derecho y tener reconocimiento social para ejercer justicia. Luego, en enero y febrero de 2024 en las asambleas municipales del Poder Popular se hará efectiva la elección de los propuestos.

El presidente del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, José Ángel Fernández Castañeda, puntualizó que desde el mes de marzo tomarán posesión y se vincularán al sistema de tribunales como jueces en ejercicio.

“Los jueces legos, desde el inicio, participan, con voz y voto, en todo el escenario de deliberación que se realiza en nuestros tribunales por las salas de justicia en cualquiera de las materias, dígase penal, civil, de familia, administrativo, mercantil y trabajo y seguridad social”.

El titular del Tribunal Provincial mencionó que de los actuales jueces legos hay aproximadamente 342 previstos a ratificar, “lo que denota la existencia de un vínculo estrecho de ellos con el sistema de tribunales y se han pertrechado de esa responsabilidad social de impartir justicia en nombre del pueblo”.

En la provincia, informó Yuliet García Hernández, miembro del secretariado del comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, para la elección de los 829 jueces no profesionales se realizarán más de 700 asambleas, de ellas 504 serán de trabajadores, 78 de los Comités de Defensa de la Revolución, 84, de la Federación de Mujeres Cubanas, siete de la Federación Estudiantil Universitaria y el resto de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Los jueces legos, figura distintiva de la justicia cubana ejercen un mes en cada calendario, periodo en el cual aportan valor añadido a la labor de los tribunales pues se consideran sus conocimientos y experiencias al evaluar la gravedad de los delitos cometidos y determinar la respuesta judicial correspondiente. Estas personas participan en la administración de justicia en igualdad de condiciones que sus homólogos profesionales, por lo que requieren una preparación igualmente detallada y rigurosa para garantizar la calidad del juicio.