CAMAGÜEY.-Con el propósito de reforzar el cuerpo jurídico cubano, se aprobaron novedosas leyes relacionadas con el ámbitos procesal, penal, administrativo y de los tribunales a partir de los acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, dentro de la implementación del proceso legislativo que se efectúa en el país y serán aplicados a partir del primero de enero de 2022.
El abogado del bufete colectivo No.2, Lázaro Suazo Valdivia, expresó desde el punto de vista administrativo, que “Con el inicio del próximo año, las personas podrán establecer su desacuerdo ante la aplicación de multas por el sistema contravencional. Esto da la posibilidad de que salgan de los marcos de la administración aquellas inconformidades que tienen y no son constitutivas de delitos, aunque sí llevan implícitos una multa”.
Otro de los cambios, en el panorama penal, los ofreció la abogada del bufete antes mencionado, Johana Caridad Manzanero Espinosa: “las personas podrán tener la asistencia de un defensor y acceso a las actuaciones, tendrán la posibilidad de ver las pruebas, proponer y también solicitar su nulidad y las alternativas al proceso judicial, lo que conocemos como el principio de oportunidad o tratamiento administrativo que no es más que una multa y su causa no llega al tribunal”.
Habló que en el caso de los menores, el código establece como edad penal la de 16 años y derechos para estos imputados “como el de informar a sus padres o representantes legales de su detención y la asistencia de un abogado, a partir de ese momento. También a que sus familiares sean escuchados durante el enjuiciamiento en los tribunales. La prisión provisional o la medida cautelar de la ley, en estos casos es de carácter provisional”.
Aclaró la especialista que la víctima “será parte del proceso y puede nombrar un defensor y revisar actuaciones, proponer pruebas y solicitar la nulidad de esos actos. Si no está de acuerdo con la sentencia, a través de su representante puede promover un recurso”. Se refirió a la aparición del colaborador, quien resultará eficaz en la reconstrucción de los hechos y satisfacciones para la víctima.
Caridad Pérez Guzmán, jueza de la sala civil administrativa laboral del tribunal provincial popular de Camagüey, abundó sobre las normas que se implementarán en los procesos civiles, familiares, de trabajo, seguridad social y mercantiles. “Este código de proceso va a regular todas las normas por las cuales se van a regir los tribunales y las personas que acudan a estos en el ejercicio de sus derechos”.
Según la letrada ”los procesos actualmente llamados económicos serán nombrados como mercantiles. Para ellos existirá una misma forma de proceder por parte de los tribunales y las personas que acudan a estas instituciones. Se establece la tramitación de las medidas cautelares, de diligencias preliminares, la forma en que se deben dictar las resoluciones judiciales, los medios de impugnación, quiere decir cómo los inconformes con las decisiones del jurado pueden disentir y apelar, si es preciso”.
Otras de las nuevas modalidades serán la simplificación de trámites, la protección a las personas vulnerables por discapacidad o por violencia, la posibilidad de acudir al tribunal municipal a instar para efectuar la declaratoria de heredero, el derecho a solicitar la tutela judicial para que se conozca su inconformidad, derivadas de la violación de los derechos laborales o de la seguridad social.
Yamila Fernández Perozo, jueza de la sala de lo civil del Tribunal Provincial de Camagüey, dijo cómo “se refuerza la estructura de los tribunales con la creación en las instancias provinciales y del Tribunal Supremo Popular, una sala para dirimir los conflictos relacionados con la vulneración de los derechos constitucionales de las personas y la creación del juez instructor que asiste a los magistrados del Tribunal Supremo Popular y que desarrolla su actividad en los tribunales inferiores y la categoría del juez emérito”.
Significó que se tendrán en cuenta las tecnologías de la informática y de las comunicaciones para acelerar el avance de los procesos y añadió que las leyes se nutren de normativas y convenios internacionales de los cuales Cuba es signataria como la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los discapacitados. Según acotó, los jueces deben actuar con total racionalidad, transparencia y facilidad al dictar resoluciones que respondan a las necesidades que garanticen el cumplimiento de las leyes en una sociedad socialista.
