LA HABANA.-Todo parece indicar que la hora de dinamizar la economía cubana llegó, a juzgar por nuevas regulaciones que hoy ocupan cintillos de primera plana.
El gobierno cubano ha promulgado en las últimas semanas un paquete de nuevas regulaciones económicas que actualizan y flexibilizan el marco normativo para los actores no estatales.
Ello aparece en un contexto de recrudecimiento de las trabas económicas de Estados Unidos y una profunda crisis energética.
Las medidas, que incluyen decretos-leyes y resoluciones ministeriales, se inscriben en la continuidad de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas con anterioridad y buscan estimular la producción, la comercialización y la inversión.
Entre las principales novedades, el Consejo de Estado aprobó cuatro nuevos decretos-leyes que eliminan restricciones administrativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Tales normas, presentadas por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López-Acea, buscan "promover el desarrollo y la diversidad del sistema empresarial del país", eliminando trabas en la aprobación, clasificación y funcionamiento.
En el ámbito del comercio interior, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) derogó las polémicas resoluciones 56 y 18, que limitaban la actividad comercial de los actores no estatales.
El nuevo decreto, según explicó el viceministro primero Yosvany Pupo Otero, establece que el comercio mayorista ya no estará condicionado a establecer relaciones contractuales con entidades estatales, basándose en la "voluntad de las partes".
Tampoco se exigirá que esta sea su actividad principal, una demanda recurrente del sector privado. Pupo Otero destacó que las nuevas normativas son fruto de un proceso de escucha y recorridos por el país para atender los criterios de los actores económicos.
En materia fiscal, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) publicó las resoluciones 160 y 161, que establecen incentivos para la importación y comercialización de productos.
Se crea un Fondo de Compras Públicas para respaldar la adquisición de productos importados por el Sistema del Comercio Interior y se otorgan exenciones del Impuesto sobre las Ventas para la comercialización mayorista de mercancías importadas.
Asimismo, se aprobaron incentivos para el proyecto "Mercado de Barrio", con una bonificación del impuesto a las ventas del cinco por ciento en el comercio minorista.
La viceminnistra primera del MFP, Yenisley Ortiz, explicó que estas medidas se enmarcan en la necesidad de estimular la participación de los actores económicos en la búsqueda de soluciones para la población y paliar los efectos del déficit de bienes.
Para incentivar la inversión y paliar la crisis energética, el gobierno publicó las resoluciones 179 y 180 de 2026.
Estas eximen del pago de impuestos aduaneros la importación de sistemas solares fotovoltaicos, calentadores solares, bombas fotovoltaicas y otros equipos de energías renovables, tanto para personas naturales como jurídicas.
Además, se bonificará fiscalmente a quienes realicen inversiones en fuentes renovables en centros de servicios a la población como policlínicos y hogares maternos.
De forma paralela, se actualizó la normativa para la importación y venta de vehículos.
El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó que las nuevas disposiciones eliminan el límite de compra de seis vehículos en cinco años para personas naturales y jurídicas, y amplían la cantidad de comercializadoras autorizadas, entre otras flexibilizaciones.
Como incentivo a la transformación de la matriz energética, los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables estarán exentos del Impuesto Especial de Venta.
Las autoridades han enmarcado estas actualizaciones en el esfuerzo por "perfeccionar el modelo económico y social cubano" y responder a las duras condiciones impuestas por el bloqueo.
El canciller Bruno Rodríguez calificó recientemente la extensión del bloqueo estadounidense como una "política genocida" que busca asfixiar a la nación, en un contexto donde la isla sufre un severo déficit de combustibles y prolongados apagones.
Las nuevas regulaciones buscan, por tanto, crear un entorno más favorable para la inversión y la producción nacional como vía para enfrentar la crisis y garantizar el bienestar de la población.