CAMAGÜEY.- Cuando se han extendido los horarios de movilidad y de los servicios en varias entidades, debimos extremar las medidas higiénico-sanitarias de prevención de la COVID-19. Mas, el panorama no apunta a que todos lo hayamos entendido. Tampoco a que las autoridades hayan exigido suficientemente por ello.

La situación epidemiológica no mejora. Julio, con 10 247 nuevos casos y 105 fallecidos, se convirtió en el peor mes desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia. Y agosto, en sus primeros 15 días, superó el promedio de casos diarios de ese mes.

Pero el tiempo no se detiene, y para la difícil decisión de ampliar horarios y actividades las autoridades sopesaron las necesidades acumuladas de las personas y el tiempo real que demandan, sobre todo para la compra de alimentos, según las opiniones de la población. Correspondía entonces una conducta más responsable de cada quien, individualmente. Y las actuales cifras de contagios apuntan a que será necesario restringir más... otra vez.

No obstante, todo no puede quedar a la espontaneidad. El Decreto No. 31 aprobado en enero de 2020 establece una serie de contravenciones para velar por la responsabilidad individual, familiar y social; a la vez que exige rigor y prevención en el enfrentamiento a las indisciplinas relacionadas con las medidas sanitarias.

Entre las autoridades facultadas para hacerlo cumplir figuran la Policía, la Dirección Integral de Supervisión, los inspectores estatales de Transporte y la Aduana, Inmigración y Extranjería, la Dirección Estatal de Comercio y los inspectores sanitarios estatales, adscritos a Salud Pública.

Estos últimos han impuesto más de 1 200 multas por cuantías de entre 2 000 y 3 000 pesos, informó a Adelante.cu el licenciado Feiser Fernández Bauzá, jefe del departamento de Control y Fiscalización del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

¿Motivos? Entre los más reiterados: incumplimiento de las restricciones de movilidad y la contención a la entrada de las instituciones, el no uso o uso incorrecto de la mascarilla, la asistencia a centros laborales con síntomas de COVID-19, indisciplinas en zonas de restricción, realización de fiestas y juegos en espacios públicos. Asimismo han sido multados pasajeros negados a realizarse el PCR en tiempo real, incumplidores del aislamiento domiciliario y convivientes que infringen los protocolos; padres de menores de edad o personas en situación de discapacidad partícipes de indisciplinas.

Sin dudas esta no es la solución, incluso la cifra de imposiciones podría ser mayor a juzgar por lo que se ve en las calles; pero en consideración de Fernández Bauzá el Decreto sí resulta efectivo y la gente ha acudido con prontitud a pagar las multas, que al término de los 30 días se duplican y en las primeras 72 horas pueden reclamarse ante el jefe de quien las impuso.

Muchas familias han perdido más de un integrante. Esa por sí sola deviene razón suficiente para la prudencia, pero no la única. En caso de no morir, porque en nuestro país aunque nos parecen muchos decesos y cada uno duele, en realidad ha fallecido una ínfima minoría de quienes enferman, ¿cuántos y cómo deberán vivir con todas las secuelas que el virus deja y que todavía se estudian? ¿Cuánto más tendremos que aplazar proyectos individuales y realizaciones colectivas? ¿A qué costo económico y social?

La transmisión se ha concentrado en el ambiente comunitario y familiar. Estamos contagiando a las personas que queremos. Por tus hijos, por tus padres, por ti... cualquier cuidado resulta poco. Si cada quien se ocupa del bienestar de su hogar, nos ocupamos del de ese hogar mayor que es el barrio, la provincia, el país. Para que un día esto sea solo un mal recuerdo, a la lucha contra el SARS-CoV-2 ponle todo tu empeño, también ponle corazón.