CAMAGÜEY.- El fortalecimiento del control y la legalidad son claves para el armónico desarrollo del país, pues son herramientas imprescindibles que contribuyen a impedir la ruptura del necesario ordenamiento, dado en momentos de complejas adversidades económico-sociales.

La variedad en escenarios contractuales aparecidos en los tiempos más recientes, exigen proteger las legislaciones vigentes, aunque continúan apareciendo, lamentablemente, en el contexto actual conocidas deformidades devenidas caldo de cultivo para la gestación de actividades delictivas.

Miguel Catalá Borges, Contralor Jefe Provincial, refiere que la normativa general en la implementación de los controles internos en las instituciones estatales, viene respaldada desde el 2011 por la Resolución 60 de la Contraloría General de la República.

Refirió el directivo que la misión esencial de ese mecanismo es convertirse en un instrumento de las direcciones administrativas para lograr eficiencia en su gestión,  pero aclara, que muchos malinterpretan este proceso, pues lo estratégico de su papel es que se cumpla lo establecido.

“Es básico, refirió, tener todo “montado” sobre procedimientos, y es vital en este sentido que quienes se encargan de esa misión, sepan cómo hacerlo, además, y es el otro rasgo distintivo, es poseer obligatoriamente el plan de prevención de riesgos, que recogen tanto los internos como los externos que pudieran suscitarse”.

Consideró la necesidad de mayor sistematicidad en la aplicación de la norma que establece la supervisión y el monitoreo, porque contribuye a evaluar permanentemente e ir haciendo las debidas correcciones, y para eso, puntualizó, existen los comités de control y supervisión en cada centro laboral”.

“No puede suponerse, dijo, que lo del control interno sea un asunto exclusivo de los dirigentes, es una cuestión que atañe a todos los trabajadores”.

Edismar Martínez Hernández, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalia en Camagüey, recordó que este órgano es el único que tiene la facultad de hacer cumplir la Ley, y restituir la legalidad quebrantada, a partir de tomar las medidas contra los comisores de delitos, tanto administrativos como penales”.

Sostuvo que, como premisa, también tienen como objetivo una labor educativa, profiláctica, en acciones de control que a veces se ejecutan dando seguimiento a determinados asuntos para evitar cualquier tipo de hecho delictivo.

“La legalidad, acotó, es de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad en su conjunto, por eso insistimos en la pertinencia de los controles, las asesorias, que va destinado a evitar la aplicación de condenas por transgresiones contra los bienes del Estado o las personas”.