CAMAGÚEY.- Más de 141 000 personas trabajadoras se espera participen en sta provincia en las reuniones de consulta del anteproyecto del Código del Trabajo que, como en todo el país, comenzaron este lunes 8 de septiembre.
Yamisleydis López Fernández, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, informó a la prensa que deben realizarse unos 2 821 encuentros en centros laborales estatales, mipymes, cooperativas no agropecuarias y entidades que concentran trabajadores por cuenta propia.
También habrá debates en áreas de los consejos populares, pues aunque solo el 25 % de quienes integran el sector no estatal están afiliados a los sindicatos, todos tendrán la posibilidad de participar y aportar al enriquecimiento colectivo del texto.
El anteproyecto de Ley, un voluminoso tabloide de 48 páginas, se distribuye a las secciones sindicales y está publicado para su estudio en varias plataformas web de instituciones, organismos y los medios de prensa, al igual que los correos electrónicos donde se recibirán propuestas.
Entre sus peculiaridades se han resaltado aspectos relacionados con los derechos de todas las personas trabajadoras sin distinción del sector que las emplee; la atención diferenciada a las mujeres, los jóvenes y las situaciones de discapacidad y vulnerabilidad, sobre todo para la protección frente a actitudes de discriminación; las modalidades de pluriempleo, trabajo a distancia, teletrabajo y la moderna pluriactividad; y una mayor legitimidad de la CTC y sus sindicatos hasta la sección sindical en la base.
Esta semana transcurre, además, la última etapa de preparación de los dirigentes sindicales, juristas, especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros facilitadores que conducirán los debates. La Secretaria de la CTC en la provincia afirmó que se realizarán activos de esa organización en los municipios.
El nuevo Código del Trabajo en Cuba es una herramienta jurídica avanzada que ahora quienes labotran tienen el reto de perfeccionar para, tras su aprobación por la Asamblea Nacional en 2026, implementarlo en función de elevar la conciencia, el protagonismo, los aportes y concretar el mandato constitucional de que el trabajo sea “un valor primordial, derecho, deber social, motivo de honor, y fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida digna y la realización de proyectos individuales, colectivos y sociales”.
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