CAMAGÜEY.- El sector de la justicia de esta provincia se une a las instituciones que adoptan medidas de regulación en sus servicios, como una manera de combatir la expansión de la COVID-19, luego de declararse en fase de transmisión autóctona por el Consejo de Defensa en el municipio de Camagüey.

“Se ha diseñado la prestación de nuestro trabajo, limitada, en correspondencia con el propósito de proteger de la epidemia a la población y al personal jurídico. En el resto de los municipios las labores mantendrán su vitalidad, mientras en la cabecera hay un grupo de actividades fundamentales que funcionarán, pero con el debido control”, dijo a Adelante.cu, Yolaidi Rodríguez Cobas, directora provincial de Justicia.

Sobre los trámites que continuarán en las distintas entidades abundó la subdirectora, Belkis Rodríguez López: “proseguirá la entrega de certificaciones en el Registro de la Propiedad como inscripciones y certificaciones, la atención a las personas jurídicas y no estatales. En el Mercantil y el de Bienes Inmuebles se atenderán a los sujetos inscriptos y centros estatales, los nacimientos, las defunciones y los matrimonios formalizados en la Consultoría Jurídica Internacional”.

Con respecto a los servicios notariales apuntó que ese particular incluye los asuntos de actas declaratorias de herederos contratados por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, testamentos y su revocación, actos de última voluntad, autorización a los menores de edad para obtener el pasaporte y viajar fuera de la nación, actas de declaración jurada, de protestos a personas jurídicas, cotejo de documentos y legitimación de firmas.

Agregó también que seguirá la posibilidad de efectuar el reconocimiento filiatorio, la expedición de certificados al Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, el recibimiento de las ejecutorias de los tribunales y la actualización de los asientos registrales, la emisión de las certificaciones de nacimiento en las oficinas de los hospitales maternos, a la CJI y la ONBC , la formalización de la solicitud de bodas radicadas en las oficinas del Palacio de los Matrimonios y los procesos de legalización previa de documentos que surtirán efecto fuera del país.