CAMAGÜEY.- La Fiscalía General de la República, desde su máxima instancia hasta los municipios, tiene como misión fundamental velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, de las leyes y demás disposiciones legales, emitida por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.

Bajo esa premisa versó el diálogo-entrevista con la licenciada Gretell Valdés Rosales, vicefiscal jefa provincial en Camagüey, quien puso sobre la mesa las particularidades del trabajo en la actual excepcionalidad que vive el país, para el enfrentamiento a las ilegalidades y el modo de actuación, equilibrado y sin excesos, sobre la base de cuatro principios.

Primero, el cumplimiento estricto de la Ley, la no tolerancia a la impunidad, actuando con racionalidad y rigor, “lo que quiere decir —apuntó— que no nos va a faltar la severidad, pero, al mismo tiempo, individualizando cada caso, no todos son iguales”. Ello, a partir de la comprensión de la situación específica del país y la necesidad de enfrentar esas conductas que van en detrimento del pueblo, explicadas por el presidente Díaz Canel. También, en cuanto al funcionamiento interno, atienden la individualización, las penas, actuar con racionalidad, evaluar la reincidencia y la multirreincidencia en el momento de solicitar una sanción.

“La estrategia del país es clara y la creación de los grupos de Vigilancia Revolucionaria, de ellos más de 600 en la provincia, era necesaria para apoyar y disciplinar el trabajo de las tiendas. El estado de opinión ilustra que, aunque todavía nos quedan muchas fisuras, de que no todos están funcionando correctamente y que hay población indisciplinada, la mayor parte del pueblo acoge la medida con mucha positividad”.

—Incluso hay quienes usan menores para la venta de mercancías…

—Sí, es preciso alertar a los padres, a los representantes legales de los menores, que incitan o utilizan a los niños para la ejecución de hechos de esta naturaleza, aclarándoles que incurren en conductas delictivas. Cuando sea necesario, procederemos contra ellos.

—¿Cómo ha sido el enfrentamiento a los coleros en las dos últimas semanas en Camagüey?

—Hasta el cierre del 18 de agosto se habían iniciado en la provincia un total de 77 procesos penales y las conductas más reiterativas, las de mayor incidencia están asociadas a delitos de actividad económica ilícita, de especulación y acaparamiento y en menor medida, delitos de desobediencia y de atentado.

“Aunque son conductas que no constituyen delitos, hemos presentado al tribunal —y ya fueron asegurados— cinco ciudadanos por conductas antisociales, lo que la población conoce como índice de peligrosidad, reflejado de esa manera en el Código Penal. Interesamos medidas de internamiento, refrendada por los jueces que imparten Ley.

“Son personas que no trabajan, que se dedican a la indisciplina social, a deambular por las calles en el desorden social y público. Y continuaremos, aunque conlleva también prevención y profilaxis para no tener que activar la maquinaria de la justicia”.

—¿Cuántos han sido sancionados y procesados?

—Se han aplicado 43 multas administrativas hasta la fecha, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 del Código Penal, teniendo en cuenta las características de los ciudadanos y la magnitud del hecho cometido. Al considerarse que la decisión constituye una medida favorable, de volver a incurrir en tal conducta se actuará de manera diferente, remitiéndose el caso a los tribunales, pues el ciudadano no aprovechó la excepcionalidad de la medida.

Al Tribunal se presentaron cuatro denuncias y en su totalidad se han celebrado las vistas orales de tres a los que se les aplicó sanciones de multa y privativas de libertad que fueron subsidiadas por limitación de libertad.

Cuatro expedientes están en fase preparatoria, en tramitación, de mayor envergadura, involucran a trece personas como acusados. Cuatro de ellos se hallan asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, dos por actividad económica ilícita, uno de atentado y una receptación.

A la Fiscalía por las diferentes vías de atención a la población han acudido 26 ciudadanos, quienes han denunciado el actuar de los coleros, casas de almacén, lugares donde se realizan actividades económicas ilícitas o por  inconformidades con los procesos en su contra. A todos se les brinda seguimiento, orientación y traslado a los órganos correspondientes, de acuerdo con el mandato constitucional.

También ocupa un lugar especial el seguimiento a los negocios en las tiendas en moneda libremente convertible, individuos dedicados a comprar artículos, mediante tarjetas magnéticas, que revenden a precios mayores. De esta modalidad delictiva la Fiscalía posee un expediente en fase preparatoria.

Sobre la utilización de las tecnologías informáticas, para crear espacio de venta como Revolico para el negocio ilícito, la Vicefiscal jefa dijo que es una de las cuestiones en las que trabajan, de conjunto con el Ministerio del Interior, para actuar en correspondencia con los elementos de prueba, pues “on ese proceder lo que cambian es el escenario, pero la conducta es delictiva”.

Antes de esta batalla popular frente a las ilegalidades  y delitos que afectan la política económica y social, la Fiscalía actuó también bajo el principio de no tolerarar las conductas que incidieran en la etapa de pandemia y pospandemia,

“La Fiscalía ha mantenido el seguimiento y el control a todos aquellos hechos. Nosotros estamos en tercera fase pospandemia, pero no hemos vuelto a la normalidad. Por tanto continúa el seguimiento a todos esos procesos.

“En toda la provincia, durante la etapa de transmisión de la COVID-19, radicamos 761 procesos penales, de ellos 693 denuncias, de cuyos acusados 468 recibieron multas, acorde con el artículo 8.3 del Código Penal. Aparecen 68 expedientes de fase preparatoria.

“Al tribunal fueron remitidos 125 casos, de ellos 62 sancionados con privación de libertad, y en relación con los expedientes de fase preparatoria un total de ocho recibieron multa y otros 40 procesos enviados a esa instancia de justicia, de estos recibieron sanción 23 personas, entre ellas cuatro con privación de libertad”.

Los delitos de mayor cuantía han estado relacionados con la propagación de epidemia, atentado, actividad económica ilícita e infracción de las normas de protección al consumidor.

La también Máster en Derecho Penal insistió en el llamado a la población de que el Ministerio de Salud Pública ha sido claro, al igual que la dirección del Partido y el Gobierno en la provincia, con cada una de las medidas en las diferentes etapas, dejándose bien establecido que en la tercera fase en lugares de aglomeración hay que usar obligatoriamente el nasobuco y mantener distanciamiento social.

Quienes desobedezcan, les falten el respecto o agredan a las autoridades que controlan las colas y exigen por el cumplimiento de lo establecido, pueden incurrir en un delito de desacato y de atentado.